La Viceministra de Justicia Indígena Originaria Campesina señaló a la migración, la salud y la invasión de sus territorios como las mayores amenazas.
El Gobierno, a través del Viceministerio de Justicia Indígena Originaria Campesina, elabora el proyecto de Ley de Protección de Pueblos Indígena Originarios en Peligro de Extinción, Aislamiento Voluntario y No Contactados.
El anteproyecto diagnostica que en Bolivia 15 naciones y pueblos indígena originarios del país están en las condiciones señaladas. La mayoría está asentada en la amazonia y el chaco boliviano.
La viceministra del área, Isabel Ortega Ventura, señala a las migraciones, agresión a sus culturas, problemas de salud y la invasión de sus tierras como las principales amenazas a esos pueblos.
En la lista de los pueblos en situación de alta vulnerabilidad o peligro de extinción están los yuqui, pacahuara, esse ejja, yaminahua, machineri, ayoreo, araona, moré, weenhayek, tapieté, sirionó y uru chipaya.
A éstos se suman fragmentos o grupos parciales de los yuracaré, chacobo, tsimané.
Se entiende como pueblos en situación de alta vulnerabilidad a los que ven amenazados su hábitat. Su desconocimiento de “la sociedad, dominante” (civilización) les pone en una situación de indefensión.
Las agresiones a sus territorios representan el mayor peligro a su cultura y a sus formas de vida. La vulnerabilidad se agrava por las violaciones de sus derechos humanos debido a gente que invade sus territorios para saquear los recursos naturales.
La viceministra Isabel Ortega señala que el “aislamiento voluntario”, que es el rechazo a todo contacto con la sociedad dominante, incluso con integrantes de su propio pueblo, es otro riesgo latente para la sobrevivencia de estos pueblos.
Por ejemplo, mencionó la versión de un joven indígena chacobo, éste contó que un día “su abuelo se había perdido por dos semanas, pero cuando lo encontraron no quiso regresar con ellos”.
“Se dice que están en aislamiento voluntario porque no quieren estar en contacto y escapan. Hubo casos como en Pando, donde se han escapado al ver gente con ropa de las empresas de madera o porque no se han acostumbrado a la comida”, apuntó.
El técnico de esa repartición estatal Rubén Choquepalpa explicó por su parte que para los uru chipaya, de Oruro, el mayor peligro es la migración a otros lugares por motivos de trabajo. Mientras que a los yuquis les acecha la tuberculosis y la migración.
Pese a las limitaciones humanas y económicas, el Viceministerio de Justicia Indígena apoya a esos pueblos con proyectos de huertos, talleres y otros, dijo Ortega.
La presencia de madereros ilegales en zonas ocupadas por los pueblos y naciones indígena originarios, como en la amazonia, es una amenaza latente para estos grupos de nómadas.
Además, la presión a los territorios de estos grupos, como de los pacahuara, empuja a éstos de “manera permanente hacia otras zonas, donde deben encontrar alimento y espacios”, señala una publicación del periódico El Sol, de Pando.
El Gobierno denunció que las empresas que saquean la madera del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) promovieron las marchas contra una carretera por esa reserva.
Choquepalpa subrayó que el proyecto de Ley de Protección a Naciones y Pueblos Indígena Originarios en Peligro de Extinción, Aislamiento Voluntario y No Contactados tiene el objetivo de prevenir y proteger a estos grupos, como establece el artículo 31 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Publicado en el Diario Cambio
El Informador Boliviano 
Posted on diciembre 17, 2012
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