#Brasil y su resistencia ante el golpismo

Posted on abril 27, 2016

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por: Rudy López González *

Se encuentra en desarrollo un golpe de Estado parlamentario contra un gobierno elegido con la mayoría de los votos del pueblo

A las dificultades económicas que sufre Brasil, se suma una aguda crisis política de igual o mayor envergadura. Es así como hemos visto en los últimos días al gigante latinoamericano golpeado duramente por un proceso de proporciones inciertas. El pasado 17 de abril la Cámara de Diputados, presidida por Eduardo Cunha, aprobó con 367 votos a favor, 137 en contra, 7 abstenciones y 2 ausencias, dar inicio al proceso de impeachment.

¿Qué es el impeachment?

La causa señalada como impeachment, forma parte del derecho anglosajón y persigue el juicio y posterior destitución de una alta autoridad. Es conocido como Juicio Político en Latinoamérica o Acusación Constitucional en Chile, y viene a ser herramienta común en varios países. A través de dicha formalidad el Parlamento puede procesar un alto cargo público hasta ser destituido permanentemente. Brasil no es el único caso que ha llevado a cabo juicios políticos a presidentes, otras países de la región ya han practicado estos sumarios, algunos de forma legal y otros de manera muy cuestionable.

En el artículo 85 de la Constitución brasileña queda especificado:

“Constituyen delitos de responsabilidad los actos del Presidente de la República que atenten contra la Constitución Federal y especialmente contra: I) la existencia de la Unión; II) el libre ejercicio del Poder Legislativo, del Poder Judicial, del Ministerio Público y de los Poderes constitucionales de las unidades de la Federación; III) el ejercicio de los derechos políticos, individuales y sociales; IV) la seguridad interna del país; V) la probidad en la administración; VI) la ley presupuestaria; VII) el cumplimiento de las leyes y de las decisiones judiciales.”

Y el artículo siguiente dice:

“Admitida la acusación contra el Presidente de la República por dos tercios de la Cámara de Diputados, será sometido a juicio ante el Supremo Tribunal Federal en las infracciones penales comunes, o ante el Senado Federal en los casos de responsabilidad. 1° El Presidente quedará suspendido en sus funciones: I) en las infracciones penales comunes, una vez recibida la denuncia o la querella por el Supremo Tribunal Federal; II) en los delitos de responsabilidad después del procesamiento por el Senado Federal. 2° Si, transcurrido el plazo de ciento ochenta días no estuviese concluido el juicio, cesará la suspensión del Presidente, sin perjuicio del regular proseguimiento del proceso. 3° Entre tanto no se dicte sentencia condenatoria en las infracciones comunes, el Presidente de la República no estará sujeto a prisión. 4° El Presidente de la República, durante la vigencia de su mandato, no podrá ser responsabilizado por actos extraños al ejercicio de sus funciones.”

Otros casos de impeachment

Pasando por el Parlamento o la Corte Suprema, los juicios políticos a presidentes no son nuevos, por el contrario, hay más procedimientos de este tipo de lo que recordamos en décadas recientes.

El caso brasileño más emblemático de impeachment, y que es motivo de estudio en la ciencia política, es el caso de Fernando Collor de Mello. El ex mandatario logró la presidencia con un 43 por ciento sobre un 38 por ciento de Lula Da Silva en 1989. Su política se enmarcó dentro de los esquemas del Consenso de Washington, y se caracterizó, entre otras cosas, por la privatización forzosa de las empresas públicas, asimismo en la aplicación de políticas sociales y económicas, teñidas con el velo de la corrupción, razones por las cuales se compara ese gobierno con los de Alberto Fujimori en Perú y Carlos Menem en Argentina.

Al tercer año de su mandato (1992) se destapa el escándalo de la mano, curiosamente, de su propio hermano, Pedro Collor de Mello, quien saca a la luz pública todo el enmarañado de corrupción. El ex presidente era parte de una red de tráfico de influencias, soborno y corrupción política, que utilizaba a su tesorero de campaña, Paulo César Farías, para realizar dichas acciones.

El mes siguiente (junio de 1992) el Congreso Nacional instaló una Comisión Parlamentaria para investigar el caso. Con 16 votos a 5, el informe final de la comisión constató que las cuentas de Collor y Farías no habían sido incluidas en el confisco de 1990. Fue pedido, entonces, el impeachment del presidente. Las pruebas eran fehacientes y la Cámara de Diputados aprueba el juicio con 441 votos a favor y 33 en contra. Cuando el juicio pasa a senadores el entonces Presidente renuncia como una forma de evitar el juicio. De todas maneras la condena fue la pérdida del mandato y la inhabilitación para ser elegido por ocho años.

Pero en Latinoamérica se han suscitado casos similares. Por ejemplo, en Venezuela el año 1992, durante el segundo y último gobierno de Carlos Andrés Pérez, el político de izquierda y periodista José Vicente Rangel denunció la malversación de 250 millones de bolívares pertenecientes a la partida secreta del Ministerio de Relaciones Interiores. El Fiscal General de la República inició el antejuicio de mérito y el 20 de mayo de 1992 la Corte Suprema de Justicia lo declaró con lugar. El Senado autorizó el antejuicio el 21 de mayo de 1992, y Carlos Andrés Pérez tuvo que separarse de la presidencia de la república. Le tocó al senador de la misma tolda política de Carlos Andrés Pérez, Octavio Lepage, quien fungía como Presidente del Congreso, ser designado Presidente encargado de la República, hasta la realización de nuevas elecciones.

Otro caso que tuvo mayor resonancia en el mundo político fue el juicio a Abdalá Bucarám. El ex presidente ecuatoriano, conocido por su actitud demagoga, fue destituido de su cargo el 6 de febrero de 1997 por incapacidad mental para ejercer la administración.

Recientemente la región presenció el primer procedimiento de impeachment que fue catalogado como golpe de Estado en Paraguay, por la comunidad tanto nacional como internacional. En mayo de 2012 la finca de un ex senador por el Partido Colorado, en Curuguaty, fue ocupada por campesinos que protestaban por la falta de tierras para labores agrícolas. Ante este evento se suscitaron enfrentamientos entre los campesinos y la policía paraguaya, terminando en la muerte de 17 personas. A pesar de que el propio Parlamento afirmó que se rompió la cadena de mando, el presidente, Fernando Lugo, fue llevado a juicio y se le dieron dos horas para presentar su defensa.

Es evidente cierta analogía entre el caso paraguayo y el brasileño. Paraguay cuenta con un partido tradicional que apoyó en primera instancia el gobierno de Lugo pero que luego, al momento del juicio, decidió darle la espalda. El Partido Liberal Radical Auténtico tenía como Vicepresidente de la República a Federico Franco, del mismo modo que en Brasil el Partido de Movimiento Democrático (PMDB) tiene a Michel Temer en el mismo cargo.

Acusación contra Dilma Rousseff

Cómo se ha visto, es necesario que exista una acusación, un motivo que gatille el juicio político. Pero, ¿cuál fue la razón para pedirlo en contra de la presidenta Rousseff? Hay acusaciones de todo tipo contra políticos: desde recibir suculentos sobornos u ocultar cuentas bancarias en el exterior, etc. Sin embargo, el verdadero motivo del juicio en el vecino país es por “maquillar el déficit presupuestario”, acción utilizada por los distintos gobiernos brasileños y que se conoce como “maquillaje fiscal”. Lo que el gobierno en realidad hizo fue utilizar los fondos de los bancos públicos para cubrir los programas sociales del gobierno, evitando así que estos se vieran afectados por la crisis económica.

De ser aprobado en el senado el juicio contra Dilma la presidenta sería destituida asumiendo la primera magistratura el actual vicepresidente, Michel Temer, miembro del mayoritario partido PMDB, que ha formado parte de todas las coaliciones de gobierno desde la vuelta a la democracia, resultando electo en la fórmula Rousseff-Temer en octubre de 2010. Con todo, Temer, carente de legitimidad, enfrenta su propia moción interpelatoria con intenciones de lograr su destitución, pues dicha moción ya inició trámite en el Congreso al ser entregada por el ex gobernador de Ceará Ciro Gomes, del Partido Democrático Laborista (PDT) al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha.

De producirse su juicio y posterior destitución, Temer deberá llamar a elecciones, y al ser removido de su cargo la presidencia la asumiría temporalmente el actual presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, que a la sazón es quien autoriza iniciar el impeachment contra Dilma. Igualmente, Cunha no es trigo limpio tampoco, en el Parlamento está procesado por cohecho y su situación empeora cuando se le acusa de haber recibido recursos por facilitar contratos.

En fin, y como ha señalado Dilma, la dupla Temer-Cunha es la punta de lanza de una conspiración para acabar con el gobierno de izquierda del PT.

La traición de Temer y su partido a la alianza con el PT se concreta un mes antes del inicio del impeachment y de manera acomodaticia el actual Vicepresidente opta por esperar ser presidente a través de una acción cuestionable desde todo punto de vista. Un golpe parlamentario contra un gobierno elegido con la mayoría de los votos del pueblo brasileño y que ha debido enfrentar la crisis económica, política y social más fuerte de la última década.

Últimos pasos del golpismo brasileño

En la sesión del pasado domingo 17 quedó en evidencia una colusión sospechosa entre medios de comunicación que responden a un poder económico y financiero común, la derecha unida a partidos que forman parte del establishment y unos jueces cuyo manejo de la situación deja mucho que desear.

El próximo martes el Senado tomará la decisión de continuar o no con el juicio a la presidenta Dilma Rousseff.

En redes sociales y en el ámbito de las manifestaciones populares la presidenta Dilma ha recibido un gran apoyo popular partiendo del insigne ex presidente y actual Ministro Luiz Inácio Lula da Silva, quien confía plenamente que el Senado no apruebe dicho juicio político que agravaría la crisis en Brasil. Señala Lula que este es un ataque a la democracia, añadiendo: “Quien traiciona un compromiso sellado en las urnas no va a sustentar acuerdos hechos en las sombras”.

Organismos multilaterales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) han manifestado su rechazo al impeachment; también presidentes como Rafael Correa, Evo Morales y Nicolás Maduro han reiterado que no permitirán un golpe contra la mandataria brasileña. Se habla de un juicio sexista y misógino, basado en principios ultra conservadores y no en verdaderas razones legales, los diputados en su desfile ante un micrófono instalado en el Parlamento –cual show para la televisión– apelaron recurrentemente, a la tradición a la familia, la propiedad, por último, a la Biblia pero no a la Constitución.

Los jóvenes vemos con preocupación cómo se configura un golpe blando a vista y paciencia de pueblos y gobernantes que han comprometido, a través de distintos mecanismos de integración regional como UNASUR y CELAC, su apoyo y defensa de los gobiernos democráticos en la región. Se pretende que este movimiento de las piezas del ajedrez brasileño arme una jugada peligrosa puesto que se coloca en el poder una dupla golpista, desprestigiada políticamente, con juicios iniciados por diferentes delitos que pretenden erigirse como opción de defensa y reconstrucción del país. Una apuesta antipopular que echa por tierra la decisión soberana de un pueblo que no está dispuesto a abandonar los beneficios económicos y sociales obtenidos en los últimos diez años y a los que esta fórmula golpista de gobierno ha ofrecido demoler por considerar exagerado el gasto social en el país.

Las organizaciones sociales populares de Brasil se han movilizado en distintas ocasiones con la intención de detener lo que parece indetenible: el golpe contra la primera mujer presidenta del coloso de América del Sur, una de las economías más grandes del mundo, que además forma parte de los BRICS y ha sido fundamental en el proceso de unidad latinoamericana de la última década. Ese pueblo brasileño reconoce las dificultades en el actual gobierno pero no está dispuesto a perder las conquistas obtenidas y se traslada a la calle en defensa de la democracia y de su presidenta.

En paralelo, al inicio de la sesión del pasado domingo, en los estados de San Pablo, Bahía, Pernambuco y Rio Grande do Sul las movilizaciones fueron contundentes y multitudinarias, y con acciones como bloqueos y barricadas demostraron que sólo una opinión pública poderosa podría hacer reflexionar a quienes ya tienen decidido ejecutar el golpe a la Presidenta.

Es de esperar que un milagro o la movilización popular detengan eso que pareciera poner fin a una década de protagonismo de izquierda en Brasil.

* Cientista político.

 

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