Pretenden restaurar el Plan Cóndor en América Latina.#desestabilizaciónusa

Posted on mayo 23, 2016

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Telesur
La reedición del Plan Cóndor busca la coordinación de los dirigentes de derecha en América Latina para aislar del contexto regional a las naciones con gobiernos progresistas.
El nuevo Plan Cóndor busca el revanchismo político de la derecha al destruir y desprestigiar los avances sociales alcanzados por los gobiernos de corte socialista. Esto se evidencia con la llegada en diciembre de 2015 del Gobierno neoliberal de Mauricio Macri en Argentina, cuyas primeras medidas fueron despidos masivos, censura de medios de comunicación, privatizaciones y ataques contra países que no comulgan con sus políticas, como Venezuela.
La estrategia injerencista e intervencionista de EEUU en Latinoamérica, en las décadas de 1970 y 1980, se basaba en los golpes militares para derrocar gobiernos y conformar regímenes y dictaduras proestadounidenses; un ejemplo de estas acciones fueron los derrocamientos de los gobiernos de Salvador Allende en Chile (1973); Isabel Perón en Argentina (1973); el golpe de Juan María Bordaberry en Uruguay (1973).
Golpe parlamentario
El nuevo Plan Cóndor se basa en los golpes suaves y parlamentarios, según denunciaron públicamente presidentes como el venezolano Nicolás Maduro, y Rafael Correa de Ecuador.
El parlamentario consiste en que las bases para su ejecución se encuentran dentro del mismo ordenamiento jurídico del país: moción de censura, investigaciones de tipo judicial (juicio político), declaración de “incapacidad para gobernar” para forzar una renuncia, entre otros.
Los medios de comunicación privados y las elites político-económicas cumplen un rol importante en la ejecución de estas nuevas acciones, al manipular la información y las leyes para desestabilizar al país.
La estrategia golpista parlamentaria disminuye el costo político de los actores involucrados y permite cambiar el rumbo de un país y su política exterior sin necesidad de “derramar sangre”, apelando y excusándose en el “respeto de la ley” y la “democracia”.
El golpe parlamentario se ha convertido en la operación política de intervención extranjera más rentable para alterar la correlación de fuerzas, eliminar los liderazgos políticos importantes y cambiar radicalmente los esquemas de poder internacional y bloques de influencia regional.
El ejemplo más reciente del golpe parlamentario es Brasil, cuya presidenta Dilma Rousseff fue apartada del cargo por 180 días para enfrentar un juicio político supuestamente por maquillar las cuentas fiscales de 2014 y retrasar los pagos al Banco Central, pese a que la derecha no presentó pruebas de esos crímenes.
Honduras 2009
El golpe contra el presidente Manuel Zelaya contó con la participación de las fuerzas armadas, sin embargo el parlamento hondureño participó en el derrocamiento del mandatario. La cabeza del Congreso, Roberto Micheletti, inició una investigación contra Zelaya por supuestas “violaciones al Estado de Derecho”.
Los parlamentarios hondureños recurrieron al levantamiento de expediente político express donde supuestamente Zelaya estaba “violentando” el Estado de Derecho. El Parlamento se basó en la Ley Especial que Regula el Referéndum y el Plebiscito para llevar a la destitución del mandatario legalmente electo. Al consumarse el golpe parlamentario y militar, Manuel Zelaya fue sacado del país.
Después, se instauró en Honduras un gobierno transitorio sostenido por una junta militar hasta que expirara el término constitucional del presidente depuesto, para dar paso a unas nuevas elecciones. Sin la participación del expresidente Zelaya.
Paraguay 2012
Desde la llegada al poder de Fernando Lugo en el 2008, la oligarquía paraguaya intentó torpedear las iniciativas sociales incluidas en el programa de gobierno que le llevó a la presidencia. En Paraguay se empleó como recurso central para llevar a la destitución de Lugo la “Masacre de Curuguaty”.
El objeto de la acusación no era otro que justificar las acciones coordinadas de asedio y presión mediática por parte de la “comunidad internacional” ligada a los intereses de Estados Unidos. Antes del juicio político en el Parlamento, el Partido Colorado lo había tratado de destituir unas 23 veces.
Los acusadores de Fernando Lugo aplicaron el artículo 225 de la Constitución que permite a la Cámara de Diputados establecer la base legal para enjuiciar a un presidente u otro funcionario de Gobierno si se comprueba que no estén desempeñando las funciones de su cargo. Dado este paso, le corresponde entonces al Senado llevar a cabo el juicio y dictar la sentencia.
Fernando Lugo fue destituido en tan solo dos horas, los legisladores paraguayos lo acusaron por “mal desempeño de funciones” con respecto a los hechos de Curuguaty. Todas las “pruebas” para estimular la destitución fueron forjadas por los jueces paraguayos. El Senado lo destituyó y fue designando en su lugar al vicepresidente del país, Federico Franco.

Medidas | Despidos masivos, censura de medios de comunicación y privatización.

Elementos de intervención
ó El constante ataque a la economía y a los aparatos productivos de los países suramericanos y progresistas: baja de los precios del petróleo, desabastecimiento, sabotaje en el precio del dólar.
ó Muerte de líderes de base media y baja de los partidos socialistas y populares: persecución a liderazgos populares, asesinato de dos grandes representantes (Berta Cáceres y Robert Serra).
ó Empleo de campañas mediáticas para criminalizar a los mandatarios y hundirlos políticamente: los medios de comunicación buscan influir en la población atemorizándola, manipulándola y deslegitimando los poderes.
ó Violencia y narcotráfico: una forma de terrorismo que solo busca generar temor e instaurar un mercado.
ó Criminalización de los movimientos de izquierda, corrupción y ataques al ambiente: culpan únicamente a los movimientos y partidos de izquierda intentando asociar a los delitos con los líderes opositores a sus gobiernos.
ó ONG y la manipulación de jóvenes: son las encargadas de generar movimientos en las calles con los jóvenes utilizados para propiciar acciones violentas.

Contexto
La derecha intenta restaurar el Plan Cóndor en los países latinoamericanos.
Si el régimen dictatorial vuelve a implementarse causaría dolor como en los años 1965 y 1982.
Este plan se basa en los golpes suaves y parlamentarios que se evidencian con Venezuela y Brasil.

Venezuela, el ataque continúa
Desde 2002 se registran los primeros ataques contundentes contra la Revolución Bolivariana. Solo en 2002 un golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez, que dejó 19 muertos, y un paro petrolero desestabilizaron política, social y económicamente al país.
Venezuela presentó una denuncia ante la Organización de Estados Americanos (OEA) con documentos que muestran la intervención de Estados Unidos en el golpe de 2002. Entre otras pruebas, el Gobierno nacional señaló que funcionarios del Departamento de Estado de EEUU hicieron un intenso lobby político para justificar el golpe en Caracas.
Además, mediante la denuncia, Venezuela destacó la reunión entre el embajador estadounidense Charles Chapiro con el golpista Pedro Carmona Estanga, en días cercanos a la deposición del presidente Chávez.
En 2014 otros 43 venezolanos murieron producto de la violencia opositora. Las imágenes de las “guarimbas” le dieron la vuelta al mundo en el marco de una guerra mediática que sugería la violación de los derechos humanos por parte del Gobierno venezolano.
Fotos de la llamada “primavera árabe”, también promovida por Occidente, fueron difundidas y atribuidas a supuestas agresiones de funcionarios policiales venezolanos contra el pueblo.
Otras de las recientes agresiones de la derecha hacia Venezuela como el desabastecimiento, el acaparamiento y la guerra económica, son parte del Plan Cóndor para dominar al país que instauró la Revolución Bolivariana e impulsó la integración del sur.

El golpe que sufrió la democracia brasileña
El reciente golpe parlamentario contra la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, fue coordinado entre la clase política, sectores empresariales y los medios de comunicación, pese a la movilización popular en favor de la mandataria y la denuncia de injerencia externa, Rousseff fue separada de su cargo y asumió el gobierno el vicepresidente Michel Temer.
El juicio político contra Dilma fue impulsado por el anterior presidente de la Cámara de Diputados. Eduardo Cuhna, quien acusó a la Jefa de Estado de manipular los balances económicos y de redistribuir el dinero del presupuesto hacia otros planes sociales. Señaló que Dilma Rousseff era responsable del “delito de responsabilidad” causa suficiente para iniciar el pedido de juicio político.
El pasado 17 de abril, en la Cámara de Diputados se llevó a cabo la votación sobre el proceso de juicio a Rousseff. Pese a la carencia de pruebas contra la presidenta, 367 de los 513 diputados aceptaron las denuncias contra la mandataria y dieron lugar al trámite, que fue trasladado al Senado.
Tras analizar el documento sobre el procedimiento jurídico contra la presidenta, el pasado 12 de mayo el Senado Federal de Brasil finalmente concretó su intención de someter a Dilma a un juicio político, lo que conlleva a su destitución sin haber una causa real en su contra, debido a supuestas faltas administrativas con argumentaciones políticas y no legales.

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Posted in: América Latina